La Cámara Federal de Casación Penal hizo lugar a un recurso presentado por una de las mujeres mapuches detenidas el año pasado en el conflicto por tierras en Villa Mascardi y ordenó que se dicte un nuevo fallo sobre su pedido de excarcelación.
El máximo tribunal penal resolvió «hacer lugar al recurso de casación incoado y, por mayoría, casar la resolución recurrida y remitir las actuaciones a su origen para que, con la celeridad que el caso impone y por ante quien corresponda, se dicte un nuevo pronunciamiento de acuerdo a la doctrina aquí establecida».
La Sala II de la Casación intervino a partir de un recurso presentado por la defensa de María Celeste Ardaiz Guenumil contra la resolución que rechazaba su excarcelación ya que la misma carecía de perspectiva interseccional que receptara su calidad de mujer mapuche, explicaron fuentes judiciales que remarcaron que también se atendió el principio del interés superior del niño.
Ardaiz Guenumil y otras integrantes de la comunidad mapuche fueron detenidas hace casi ocho meses en el marco del conflicto por tierras en Villa Mascardi.
La sala integrada por los jueces Guillermo Yacobucci, Angela Ledesma y Alejandro Slokar hizo lugar a los reclamos de la defensa sobre la falta de perspectiva de género y de abordaje de conflictos en los que intervengan personas de comunidades indígenas, señalaron las fuentes.
En ese sentido, el juez Slokar, quien lideró el acuerdo, sostuvo que «los estándares legales en materia de género y de abordaje de conflictos con participación de integrantes de comunidades indígenas demandan una aproximación a la concreta situación de la encausada que recepte la interseccionalidad de sus vulnerabilidades».
Con acervo en los estándares internacionales en materia de derechos de los pueblos originarios, destacó en que «los Estados deben adoptar medidas especiales y específicas destinadas a proteger, favorecer y mejorar el ejercicio de los derechos humanos por los pueblos indígenas y tribales y sus miembros».
Así también enfatizó que al rechazarse la excarcelación se habían utilizado argumentos que «se sostienen en el estereotipo de género que obligaría a la madre a escoger `adecuadamente´ al progenitor de sus hijas».
Por otra parte, el tribunal censuró la resolución del juez de primera instancia en tanto no había considerado el interés superior de las 3 hijas de la encausada, las cuales tienen 10 meses, 6 y 9 años de edad, y que no se había verificado la existencia de riesgo de fuga o entorpecimiento de la investigación.
En ese sentido, se tuvo en cuenta que si bien al rechazarse la excarcelación se había indicado que se avizoraba la posibilidad de aplicación de una condena de ejecución condicional, ello había sido dejado de lado.
Integrantes de pueblos originarios y de la CTA Autónoma de Río Negro cortaron el puente «Basilio Villarino», que une las ciudades de Viedma y Carmen de Patagones, en reclamo de la liberación de las cuatro mujeres de la comunidad mapuche detenidas desde hace casi ocho
Por el conflicto se encuentran detenidas desde hace algo más de siete meses con arresto domiciliario Luciana Jaramillo, Celeste Guenumil, Romina Rosas y la Machi, Betiana Colhuan.
Por su parte, Betiana Colhuan, «machi» o lideresa espiritual de la comunidad mapuche, detenida en la ciudad rionegrina de Bariloche, agradeció a quienes acompañan la «digna lucha» de su pueblo y ratificó que seguirá defendiendo el «espacio ceremonial sagrado» en Villa Mascardi, que esta semana consiguió el respaldo del Estado nacional para su preservación.
«Quiero agradecer a quienes acompañan esta digna lucha y dejar en claro la firmeza de nuestra convicción como pueblo, la de nuestros antepasados que lucharon en defensa de nuestros territorios y del agua; hoy nosotros continuamos con esa lucha y vamos a seguir resistiendo y luchando por nuestro espacio ceremonial sagrado», afirmó Colhuan a Télam en la casa donde cumple prisión domiciliaria, procesada por usurpación.
Foto:Alejandra Bartoliche/Télam
Betiana Colhuan, considerada «machi» o autoridad espiritual, fue arrestada en octubre pasado junto a otras mujeres mapuches, Luciana Jaramillo, María Celeste Ardaiz Guenumil y Romina Rosas.
La machi, en un breve diálogo que mantuvo con Télam a casi ocho meses de haber sido arrestada por ocupar un terreno de Villa Mascardi, planteó sus expectativas en ser beneficiada con el artículo 34 del Código Penal, que prevé la inimputabilidad para acusados que no comprenden la «criminalidad» de sus acciones.
«Hay una mirada racista muy grande hacia el Pueblo Mapuche», lamentó Colhuan y advirtió que «cualquier persona en la Argentina detenida por usurpación no pasa ni 24 horas presa», pero ellas, en cambio, mantienen esa condición hace casi ocho meses.
La Delegación Feminista Plurinacional de Abya Yala alertó que «la machi sólo puede realizar su actividad desde el lugar ancestral» y que su alejamiento del rewe (espacio espiritual) es «un castigo con el que se pretende doblegar la fuerza de todo un pueblo».
De acuerdo con información difundida por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), la jueza federal de Bariloche, Silvina Domínguez, a cargo de la causa abierta en octubre pasado, «ordenó la destrucción de las viviendas» y el secuestro de «todos los bienes y elementos de prácticas culturales que había adentro».
«Las niñas y niños de la comunidad perdieron su ropa, sus juguetes, sus animales y sus prendas de vestir tradicionales y cuando se enteraron de esto algunos perdieron el habla», publicó en su portal el CELS, que motorizó junto a otras organizaciones de derechos humanos un reclamo internacional ante la CIDH.
El colectivo feminista agregó: «Hay nueve niñas y niños presos junto a sus madres. Una de ellas nació en cautiverio. No se garantiza su derecho a una educación pública con perspectiva intercultural y de género, no se garantizan las condiciones básicas para su alimentación y salud integral».
«Las causas por las que están procesadas son excarcelables. No hay razones legales para que estén detenidas. Ellas están presas por ser mapuches y luchar por sus territorios», concluyeron los organismos consultados.
Agregaron que el conflicto está atravesado por «intereses muy poderosos, de privados y de extranjeros, sobre los recursos estratégicos nacionales».
