El gobierno declara ilegítimas y clandestinas a las petroleras británicas en Malvinas

BUENOS AIRES-  El gobierno nacional declaró «ilegítimas y clandestinas» las tareas de exploración desarrolladas por cinco petroleras de capitales británicos en la plataforma continental argentina próxima a las islas Malvinas.

La decisión fue comunicada en cinco resoluciones -que llevan los números 128, 129, 130, 131 y 133- de la Secretaría de Energía, que encabeza Daniel Cameron, publicadas  en el Boletín Oficial.

Las cinco empresas denunciadas son Rockhopper Exploration, Desire Petroleum Public Limited Company, Argos Resources, Falkland Oil and Gas Limited y Borders & Southern Petroleum.

En los considerandos de la medida se indica que las empresas mencionadas «no cuentan con una autorización, concesión o permiso otorgado por las autoridades competentes del gobierno argentino».

Asimismo, se señala que las actividades de esas compañías «resultan ilegítimas y clandestinas por estar realizándose en una zona que se encuentra bajo la soberanía de la República Argentina y al margen de lo que disponen sus leyes y reglamentos específicos».

En tanto, se indica que «todo lo obrado ha sido en el marco del firme propósito de poner en marcha todas las acciones legales, judiciales o administrativas en defensa de los legítimos derechos de la República Argentina».

Se informa además que a las mencionadas empresas se les otorgó un plazo de 10 días para que realicen el descargo pertinente, «garantizando el ejercicio de su legítimo derecho de defensa», lapso que transcurrió «sin haber obtenido respuesta alguna» de las mismas.

En el mes de marzo, el canciller Héctor Timerman había anunciado el comienzo de una nueva estrategia de acciones legales ante la ilícita exploración de hidrocarburos en el Atlántico Sur, señalando que con ella el Estado afirma «la soberanía sobre el área y sus recursos» naturales, tanto a las empresas petroleras como a las que les prestan servicios tercerizados.

«El plan es para preservar la paz y procurar la resolución pacífica» del conflicto de soberanía, explicó el ministro en esa oportunidad, y señaló que las acciones se basan en la violación de dos principios: el de la resolución de Naciones Unidas y el de que ninguna de las partes (Argentina y Reino Unido) puede introducir modificaciones unilaterales en lo que dure el conflicto.

Timerman había adelantado que las medidas alcanzarían a empresas que son propietarias de pozos y plataformas petroleras, que «brinden apoyo logístico» y otras que «aportan apoyo financiero, inversiones y asesoramiento sobre inversiones», lo que incluirá denuncias penales y comerciales contra «bancos, accionistas, analistas y consultoras de riesgo» que operan en el país y en el exterior.