Diez carteles con el rostro de los ocho bomberos y dos agentes de Defensa Civil muertos y diez velas encendidas en su homenaje fueron parte del acto hoy a cinco años del incendio del depósito de Iron Mountain, período en el que dos padres de víctimas fallecieron, un bombero se suicidó, fueron procesadas 19 personas y nadie fue detenido.
«Esto no fue una tragedia, fue un asesinato producto de la corrupción que nos hizo perder diez servidores públicos por papeles que quisieron quemar», aseguró hoy a Télam Jorge Campos, papá de Sebastián Campos, uno de los bomberos voluntarios muertos del Cuartel de Vuelta de Rocha.
Campos dijo que los familiares «supimos que el incendio había sido intencional a la semana, ellos lo reconocieron casi un año después. En estos cinco años recibimos amenazas, propuestas, y aprietes de todo tipo».
Sin autobombas como otros años, ni funcionarios, unas cien personas se congregaron sobre la calle Jovellanos, en la esquina de Quinquela Martín, en el barrio porteño de Barracas, y a las 9.15, la hora exacta en la que se derrumbó la pared que terminó con la vida de las diez personas, sonó una única sirena que dio inicio al homenaje.
Además de Sebastián Campos, en el incendio murieron Facundo Ambrosi, también de Vuelta de Rocha; seis bomberos de la Policía Federal: Anahí Garnica, Leonardo Day, Eduardo Conesa, Damián Véliz, Matías Monticelli y Maximiliano Martínez; y dos agentes de Defensa Civil: José Méndez y Pedro Barícola.
Los familiares suman año tras año historias de quienes se derrumbaron después de tragedia. En 2018 se conoció que Diego O’Neill, compañero de Campos y Ambrosi, se suicidó en 2016, y este año ya no estaban los padres de Méndez quienes, según Campos, «murieron de tristeza».
«Sabemos que ellos están bien, pero también sabemos que nosotros estamos mal, que estamos esperando justicia y que no llega», señaló el sacerdote Lorenzo de Vedia, conocido como «Toto», párroco de la Parroquia Virgen de Caacupé en la villa 21-24 durante la misa celebrada en homenaje a los «Héroes de Barracas».
Antes del acto, Ricardo Martínez, papá de Maximiliano Martínez, expresó a Télam que «las autoridades mencionan a los del Ara San Juan, a los muertos de la tragedia de Once pero a nuestros muchachos no los nombra nadie».
El hombre, que cada año recuerda que vio morir a su hijo por televisión, reclamó «que la justicia llegue a la verdad y condene a los culpables» y pidió ser recibido junto a los otros familiares por autoridades. «Si no tienen nada que ocultar, ¿por qué no nos convocan?».
El 5 de febrero de 2014, alrededor de las 8, las llamas tomaron el depósito de documentación ubicado en Azara 1245, que archivaba documentación del Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires y de empresas de diversos rubros y entidades financieras.
Varias dotaciones de bomberos acudieron al lugar, pero al llegar encontraron el portón herméticamente cerrado y mientras esperaban órdenes e intentaban ingresar sobre Jovellanos, una pared se derrumbó sobre la vereda.
En febrero de 2015, peritos de la División Siniestros de la Policía Federal y del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) concluyeron que el incendio «podía haber sido intencional», aunque un estudio de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) contradijo esa hipótesis.
La causa fue caratulada como «estrago seguido de muerte» y tramita en el juzgado en lo Criminal y Correcional N°18, a cargo de Pablo Ormaechea; y la fiscal que interviene es Romina Monteleone.
En marzo del año pasado el tribunal procesó a doce exfuncionarios del Gobierno porteño y cinco personas vinculadas a Iron Mountain y la empresa de seguridad.
Poco después de los procesamientos, el juzgado resolvió que las familias no podían formar parte de la querella por haber llegado a acuerdos económicos con la empresa, resolución que fue ratificada por la Sala V de la Cámara.
Ese fallo fue apelado por los familiares y ahora debe resolver el Tribunal de Casación; aunque hasta tanto eso no suceda, la causa se encuentra paralizada.
