Advierten que en gestiones del PRO en CABA se perdieron «más de 500 hectáreas de tierras públicas»

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Referentes de instituciones y organizaciones que pidieron suspender la venta de 87 hectáreas de tierras públicas en la Ciudad de Buenos Aires, reclamo que fue aceptado por la Justicia, advirtieron hoy que «en más de una década de gestión del PRO» en la Ciudad se perdieron «más de 500 hectáreas de tierras públicas y 150 hectáreas de superficie verde absorbente».

«Es la mayor despatrimonialización en la historia de la Ciudad», dijo en declaraciones a Télam la docente de la Cátedra de Ingeniería Comunitaria de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Buenos Aires (Fiuba), María Eva Koutsovitis, y afirmó que «esto ha tenido consecuencias: hoy la Ciudad se encuentra en emergencia habitacional, ambiental, climática y sanitaria».

El codirector de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), Pablo Vitale, afirmó a esta agencia que «la CABA tiene un déficit de espacios verdes, incluso más bajo que lo que establecen organismos internacionales», y aseguró que «este déficit podría tener una respuesta en la tierra pública, que parece no tener otro fin que la venta».

Los referentes se pronunciaron a raíz del fallo del juez de primera Instancia en lo Contencioso Administrativo y Tributario Andrés Gallardo, quien el jueves suspendió la venta de 87 hectáreas de tierras públicas en la Ciudad, al hacer lugar a un recurso de amparo presentado por el Observatorio del Derecho a la Ciudad (ODC), la Cátedra de Ingeniería Comunitaria de Fiuba, el Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas (Ipypp) y la Defensoría de Laburantes.

La medida afecta a terrenos del Barrio Carlos Mugica, el conocido como Triángulo de Salguero, playones ferroviarios en Villa Crespo y los pertenecientes al ex Mercado de Hacienda, explicó Koutsovitis.

Se trata de lotes de la Nación que fueron transferidos por el expresidente Mauricio Macri a la Ciudad en 2018, a cambio de que la gestión del jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, se hiciera cargo del financiamiento de la última etapa de la obra del Paseo del Bajo, como finalmente ocurrió.

Koutsovitis dijo que «en estos últimos 13 años de la gestión de Macri y de Larreta después en la Ciudad de Buenos Aires, se ha consolidado un modelo de despojo del patrimonio común» y manifestó que «en esta más de una década de gestión del PRO en la Ciudad el conjunto de la ciudadanía porteña hemos perdido más de 500 hectáreas de tierras públicas y 150 hectáreas de superficie verde absorbente».

En ese sentido, afirmó que «vemos con mucha preocupación la consolidación de un modelo que por un lado nos despoja del patrimonio común y por el otro, precariza todas la dimensiones de la vida urbana».

La referente de la Fiuba recordó que el expresidente Mauricio Macri, mediante un convenio, transfirió en 2018 desde la Nación al Gobierno porteño 87 hectáreas de tierras publicas y dijo que «la Ley 6.131 de la Legislatura porteña aprobó el convenio de transferencia y luego, el 4 de julio de 2019, sancionó la ley 6.179, en la que autorizó la venta de estas 87 hectáreas de tierras publicas».

«Lo que hicimos en agosto de 2019 fue recurrir a la Justicia para solicitar que se declare inconstitucional y nula la totalidad de la Ley 6.179», afirmó y dijo que «dentro de las 87 hectáreas, primero transferidas y luego puestas a la venta, se encuentran terrenos que están ubicados dentro del Polígono del Barrio Carlos Mugica, de la ex Villa 31 y 31 bis».

Koutsovitis sostuvo que «están también comprendidos los terrenos del ex Mercado de Hacienda, los playones ferroviarios de Villa Crespo, y también lo que se conoce como el Triángulo de Costa Salguero, que se encuentra antes de Costa Salguero».

«Recurrimos a la Justicia porque en la Ley 6.179, que autoriza la venta de estas 87 hectáreas de tierras públicas, figuran diferentes artículos de la Constitución de la Ciudad», manifestó.

En ese sentido, mencionó el «artículo 1, que está relacionado con la democracia participativa, el 63, 89 y 90, que son los artículos que se refieren a los requisitos cuando se dispone de los bienes públicos» y citó, entre ellos, «las audiencias públicas previas».

«También porque viola el Plano urbano Ambiental, que es la Ley 2.930, y es una de las leyes que estructura la planificación urbana de la Ciudad», destacó la referente y precisó que el Plano Urbano Ambiental «en sus artículos 22 y 25 establece mecanismos de participación a la hora de gestionar el banco de inmuebles de la Ciudad».

La referente de la Fiuba consideró que, «por lo tanto, deberían haberse habilitado mecanismos de participación, ya que se pusieron a la venta 87 hectáreas de tierras públicas» y manifestó que «por eso recurrimos a la Justicia, solicitando la nulidad e inconstitucionalidad de la ley».

«Esta acción judicial se inicio a mediados de 2019 y ha tenido muchas idas y vueltas», afirmó y contó que «en primer lugar intervino la jueza Lagos, que luego rechazó la medida de amparo y recurrimos a la Cámara, que anuló el conjunto del proceso», manifestó Koutsovitis y agregó que la causa, después, «volvió a sortearse y el 30 de diciembre el juzgado de Andrés Gallardo suspendió la vigencia de la ley 6.179».

El codirector de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia, por su parte, aseguró que «nos parece atendible» el fallo del juez Gallardo y afirmó que si bien la organización no formó parte de la presentación del recurso ante la Justicia, «tenemos posición tomada, porque estudiamos la problemática del acceso a la vivienda y el hábitat en la Ciudad de Buenos Aires».

«El fondo de la cuestión es la privatización de tierras públicas en el contexto de un déficit de suelo para diferentes funciones que son necesarias para quienes viven en la Ciudad de Buenos Aires», explicó el referente de la organización.

En ese sentido, dijo que se trata de «la privatización de suelo que podría destinarse a vivienda» y precisó que «la Ciudad tiene alrededor de 3 millones de habitantes y crece la población en villas y la población inquilina».

«El déficit habitacional de los sectores populares se resuelve a través de las villas, y el déficit de acceso a la vivienda para los sectores medios se resuelve a través de los alquileres», explicó.

Asimismo, sostuvo que «más del 30 por ciento de la población alquila hoy, cuando hace algunas décadas era alrededor del 20 por ciento».

«Estas tendencias tienen que ver con las dificultades para el acceso al suelo para quienes viven en la Ciudad de sectores bajos y medios», manifestó y afirmó que «eso podría resolverse, al menos parcialmente, con suelo público que se está privatizando».

Vitale destacó, en ese sentido, que «en los últimos años se privatizaron decenas de hectáreas de suelo público» en la Ciudad.

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