Celebran los cambios en los derechos y las nuevas leyes para lograr inclusión de personas con discapacidad

BUENOS AIRES– En el  Día Internacional de las Personas con Discapacidad, la titular de la Conadis, Silvia Bersanelli, aseguró que en los últimos años el país “hizo avances” tanto en materia de legislación como de otras políticas públicas sobre discapacidad, que ahora privilegian “un enfoque de derechos”, pero consideró que “no (se ha avanzado) tanto en lo judicial” pues aún persisten problemas de accesibilidad a la Justicia y a muchos fallos “les falta adecuarse a lo normado por la Convención”.

“Hemos hecho avances en materia legislativa, no tanto en materia judicial. Necesitamos que la Justicia se adecue a lo normado por la Convención tanto en el reconocimiento de la capacidad jurídica (en el caso de las personas con discapacidad mental) -que pone en cuestión la curatela y a la insania e implica brindarles apoyo en función de sus necesidades-, como en la accesibilidad a la propia institución, no sólo desde lo físico y arquitectónico, sino también desde lo comunicacional”, dijo en diálogo con Télam.

En medidas de gobierno, la funcionaria consideró que uno de los principales logros fue “haber instalado la discapacidad en la agenda pública”, de modo que la inclusión se transforme en “una política de Estado”

“Hoy si el ministro Randazzo piensa en mejoras del transporte, piensa también en el colectivo de personas con discapacidad y así cada área se preocupa por no dejarlas al margen”, sostuvo.

Además, la funcionaria consideró que se ha evolucionado también en dejar de pensar a la discapacidad “como un asunto de enfermedad para verla como una cuestión de derechos humanos”.

“Los puentes que se generan a las personas con discapacidad son soluciones para toda la sociedad. Ellos han sido muy generosos y, cuando luchan por derechos, los amplían para todos” En cuanto a las últimas leyes que implican un paso adelante para la inclusión de las personas con discapacidad, Bersanelli mencionó la ley de páginas web accesibles, la ley que obliga a las líneas aéreas a tener cartillas de seguridad en Braille, el artículo de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual que exige a estos medios hacer accesibles sus contenidos incluyendo el subtitulado oculto, lenguaje de señas y audio descripción; y la media sanción de Diputados a la ley que otorga rango constitucional a la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que Argentina ratificó en 2008.

Y en cuanto a políticas puntuales adoptadas por distintos organismos del Estado, la funcionaria mencionó la creación de la Dirección de Accesibilidad Electoral dentro del Ministerio del Interior y Transporte, la puesta en marcha de la Comisión Nacional Interministerial en Políticas de Salud Mental, y el informe sobre abordaje y tratamiento de la discapacidad elaborado por el Observatorio de la Discriminación en Radio y TV.

En lo que hace a la Conadis propiamente dicha -el organismo que promueve, coordina, asesora y difunde políticas, acciones y prácticas que garanticen el respeto y cumplimiento de los derechos de las personas con Discapacidad-, uno de los ejes de trabajo de este año con organismos, provincias  y municipios fue la accesibilidad, con el énfasis puesto en promover el denominado “diseño universal”.

Se conoce con ese nombre a aquel que desarrolla productos y entornos de fácil acceso para el mayor número de personas posible, rompiendo con la lógica separatista tanto en materia de construcción, como de transporte o comunicación.

“Hacer un tercer baño para personas con discapacidad, no es inclusión: tiene que haber un baño donde puedan entrar personas con o sin discapacidad. Y así con cada cosa, pero hay veces que no se puede; un edificio histórico, por ejemplo, y ahí entran a jugar los ajustes razonables porque no lo puedo tirar abajo para hacerlo accesible”, dijo.

La funcionaria explicó que, en el caso de la arquitectura, los beneficios del diseño universal no son sólo para las personas con alguna discapacidad motora o sensorial sino para todas las personas con movilidad o comunicación reducida, “desde el niño que no llega al picaporte o a tocar un timbre, un adulto mayor con bastón, una mamá o papá con un carrito de bebé, una persona que se lesionó o una persona embarazada”, lo que, sumados, representan al 40 por ciento de la población.

“Los puentes que se generan a las personas con discapacidad son soluciones para toda la sociedad. Ellos han sido muy generosos y, cuando luchan por derechos, los amplían para todos”, agregó.

Además, la Conadis convocó este año, por primera vez, la reunión del Parlamento Juvenil sobre Derechos y Discapacidad.

“Los jóvenes nos propusieron desde que se enseñe la lengua de señas y el sistema Braille sea una materia en los colegios, y que los chicos con y sin discapacidad estudien juntos, que se busque la máxima educación conjunta”, contó.

Por otro lado, el Comité Coordinador de Programas para Personas con Discapacidad que preside Conadis entregó, desde 2003, más de 560 millones de pesos a través de sus 26 líneas de financiamiento para proyectos a favor de las personas con discapacidad, a partir de lo recaudado por la ley 25.730 que, sancionada en 2010, estableció que lo recaudado por multas a cheques rechazados o sin fondos tuvieran este destino.

Según datos del Censo 2010, en Argentina 5.114.190 personas declararon tener alguna o algunas dificultades o limitaciones permanentes para ver, oír, moverse, entender o aprender, lo que representa el 12,9 por ciento de la población.

Casi el 13% de los argentinos tiene alguna limitación permanente

El 12,9 por ciento de la población total de la Argentina (5.114.190 personas) tiene alguna dificultad o limitación permanente y, dentro de la Población Económicamente Activa (PEA) de este grupo, están ocupadas el 44,6 por ciento de las personas, mientras que el 45,3 por ciento recibe algún tipo de beneficio de jubilación o pensión por parte del Estado Nacional.

Los datos surgen del Censo 2010, en el que por primea vez el Indec relevó este tipo de información a nivel población después de que la Argentina suscribiera en 2008 a la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.

“Es importante aclarar que el Censo 2010 indagó sobre población con dificultad o limitación permanente y no sobre discapacidad, ya que se tuvo en cuenta únicamente la declaración de la persona censada, y no una certificación médica”, aclararon desde el organismo.

La mayor parte de las PDLP (3.476.276 personas) declaró tener una sola dificultad, y dentro de este total, casi el 60 por ciento acusó una dificultad visual, mientras que el 24 por ciento consignó limitaciones motoras (inferiores y superiores), el 8 por ciento dificultades auditivas y otro 8 por ciento limitaciones cognitivas.

Otro aspecto importante a la hora de caracterizar a este sector es el de sus condiciones económicas, ya que de allí se deducen las posibilidades de inclusión en el mercado laboral así como también la brecha que existe entre las personas con dificultad y el resto de la población a la hora de insertarse laboralmente.

De las 4.701.685 de las PDLP de 14 años y más, el 47,7 por ciento corresponde a la Población Económicamente Activa (PEA) y, de esta, el 44,6 por ciento se encuentra ocupada.

Por otro lado, del total de la población el 15,2 por ciento percibe algún tipo de beneficio de jubilación o pensión por parte del Estado Nacional, en tanto que este porcentaje asciende al 45,3 por ciento para las PDLP, y esta diferencia “muestra la amplia cobertura de seguridad social con la que cuentan las personas con dificultad o limitación permanente”, indicaron en un comunicado del Indec.

“La información estadística sobre las condiciones de vida de las personas con dificultades o limitaciones permanentes, es una herramienta fundamental a la hora de la planificación de políticas sociales, que permitan una plena realización de la personas con discapacidad y de esta manera, una integración armoniosa a la sociedad, que posibilite la superación de las barreras que enfrentan en el día a día, cada uno de ellos”, afirmaron desde el Indec.