Piden jury de fiscal y juez por investigar a familia de Arruga

 

BUENOS AIRES-  La familia de Luciano Arruga, desaparecido en 2009 tras su detención en la localidad bonaerense de Lomas del Mirador, pidió ayer el jury de enjuiciamiento de la fiscal y el juez que actuaron en la causa, al determinarse que durante un año y cuatro meses intervinieron el teléfono de la madre y la hermana de la víctima.

El anuncio lo formuló en una conferencia de prensa el director ejecutivo del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Gastón Chillier, que denunció ante la secretaría de Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios a la fiscal Celia Cejas y al juez de Garantías Gustavo Banco, ambos de La Matanza.

Chillier explicó que las «pinchaduras telefónicas» a la familia de Arruga (16), visto por última vez el 31 de enero de 2009, se extendieron desde abril de ese año hasta agosto de 2010, mientras en simultáneo se investigaba a policías como sospechosos.

«Esto plantea el problema estructural en la instrucción de la causa, se desvió la investigación, se controló a la familia y todo se hizo de manera secreta», sostuvo Chillier, quien recordó que los fiscales pueden tener legajos secretos y en este caso, allí se guardaban las conversaciones.

Según Chillier, «la fiscal pidió quince veces que se extiendan las intervenciones telefónicas en vez de investigar a los principales sospechosos» y «el juez lo justificó porque decía que era para saber del paradero de Luciano».

Este hecho indica que la fiscal sospechaba que los familiares estaban involucrados o al menos ocultaban información, consideró.

El director del CELS explicó que esta situación se conoció a partir de que la causa pasó en febrero a la Justicia federal y «con cinco meses de demora, la fiscal mandó este legajo donde surge que la madre y la hermana fueron intervenidas telefónicamente».

Con remeras que recuerdan a Luciano Arruga, su madre, Mónica Alegre, y su hermana, Vanesa Orieta, junto a sus abogados repudiaron la actuación de los funcionarios judiciales.

«Se han metido en nuestra intimidad, investigaron nuestros teléfonos como el de los policías. Nos criminalizaron por nuestra situación de clase, por venir de un barrio pobre», sostuvo Vanesa con la voz entrecortada.

Recordó que la primera fiscal del caso, Roxana Castelli, después de pasar 45 días sin atender su denuncia, le tomó declaración a un testigo que dijo que vio a Luciano en el destacamento policial de Lomas del Mirador muy golpeado, por lo que la Justicia estaba al tanto de que podía haber sido víctima de policías.

«Nosotros no secuestramos a Luciano, nosotros no manejábamos el patrullero en el que se lo llevaron, nosotros no lo torturamos. Tienen que investigar a los ocho policías», enfatizó la joven, quien dijo que ya no tiene esperanzas de encontrar a su hermano.

Por su parte, Alegre dijo: «Esta es la Justicia que tenemos los pobres» y repudió que a ellos los juzgaron durante años como si hubieran sido responsables de la desaparición de Luciano.

La familia estuvo acompañada por Pablo Pimentel, de la Asamblea Permanente de los Derechos Humanos (APDH) de La Matanza, los abogados del CELS que los asesoran, Maximiliano Medina y Juan Manuel Combi, y madres de otros jóvenes desaparecidos en democracia.

Luciano Arruga salió de su casa de Lomas del Mirador, partido de La Matanza, cerca de las 21 del 31 de enero de 2009, con 1,50 pesos en su poder hacia un ciber cercano, pero nunca regresó.

La familia sostiene que fue conducido al destacamento policial local, que no estaba habilitado para la detención de personas, y que lo hicieron desaparecer por negarse a robar para la Policía.

El abogado Medina dijo que «se cree que Luciano pudo haber estado enterrado en Monte Dorrego, un descampado cercano al destacamento donde un perro especializado en búsqueda de personas desaparecidas olfateó algo», pero luego no se avanzó en esa pista.

Por la desaparición, la Justicia investiga a ocho policías bonaerenses que el 21 de enero fueron pasados a disponibilidad preventiva por el caso y actualmente el expediente está en manos del juez federal de Morón Juan Pablo Salas.

Es que en febrero la causa pasó a ese fuero y fue caratulada como «desaparición forzada de persona», mientras que anteriormente se investigaba solo una «averiguación de paradero».

Los policías investigados son los subcomisarios Néstor Díaz y Ariel Herrera, los subtenientes Oscar Fecter y Daniel Alberto Vázquez, y los oficiales Martín Monte, Damián Sotelo, José Márquez y Hernán Zeliz, todos del destacamento de Lomas del Mirador.