Policías golpean y torturan a una familia Qom

Una familia qom denunció que un grupo de policías chaqueños irrumpió violentamente en su domicilio y golpeó y amenazó con prender fuego a las personas que estaban en la vivienda, mientras que el Ministerio de Seguridad de la provincia repudió «este accionar ilegal» y apartó de sus funciones a los efectivos involucrados.

El hecho se hizo publico en las últimas horas, luego de que se viralizaran videos, fotos y audios de personas que viven en el barrio Cacique Pelayo-Banderas Argentina, de la localidad chaqueña de Fontana.

De acuerdo a la denuncia, los policías de la comisaría tercera ingresaron el domingo último a la madrugada al domicilio de una mujer que vive con su padre y sus hijos, una adolescente de 16 años y un joven de 19, a quienes se llevaron detenidos junto a una chica de 18 años y otro muchacho de 20.

«‘Ya les tiramos alcohol, ¿ahora quién las prende fuego?'», amenazó uno de los efectivos a la familia, según contó en un video al que Télam tuvo acceso la hija de la dueña de casa, quien además aseguró que después los policías los atacaron nuevamente a patadas.

Elsa, madre de los jóvenes, dijo en otro video que «había una pelea entre muchachos y la policía creyó que habían entrado acá».

«La agarraron a mi hija del cabello y la arrastraron, alcancé a prenderme de mi hija y entre seis policías nos agarraron y ahí un oficial me pegó con la 9 (pistola calibre nueve milímetros) en el rostro», señaló.

La mujer agregó que a su sobrino «le pegaron contra la pared» y que él y su hijo quedaron «desfigurados de los golpes».

Tras difundirse el ataque policial, la ministra de Seguridad de Chaco, Gloria Salazar, dio una conferencia de prensa en la que confirmó que el gobernador Jorge Capitanich apartó a los efectivos involucrados.

La funcionaria provincial repudió «este accionar ilegal, violento, arbitrario de integrantes de la Policía que no tienen nada que ver con el compromiso que lleva adelante el gobierno y la Policía misma».

Salazar aseguró que intervino en el hecho el Órgano de Control Institucional (OCI) de la Policía y la Fiscalía de Derechos Humanos, «exigiendo la correspondiente investigación al personal que intervino en el operativo y realizando la investigación judicial para que sean juzgados penalmente».

El equipo de la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia se hizo presente en el domicilio donde se produjo el operativo a fin de contener psicológicamente a las víctimas y asesorarlos y orientrarlos legalmente en cuanto a la reivindicación de sus derechos vulnerados.

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