Néstor ‘Yuyo’ García, padre de Micaela, la joven víctima de femicidio que dio nombre a la ley de capacitaciones en temas de género para los tres Poderes del Estado, consideró hoy que «el Poder Judicial tiene intereses corporativos que no son ni los del pueblo, ni el reclamo de justicia de las familias», en sintonía con afirmaciones realizadas por el ministro del Interior, Eduardo ‘Wado’ De Pedro sobre el accionar de la justicia frente a denuncias de violencia de género.
«Detrás de una denuncia o expediente cajoneado en un juzgado, ha estado la vida de una de nuestras hijas», sostuvo García a través un texto que difundió a través de su cuenta en la red social Facebook.
Según pudo conocer Télam, García y De Pedro mantuvieron esta mañana un breve diálogo telefónico en el que acordaron mantener una reunión presencial mañana en Casa de Gobierno.
Ayer, en el contexto de la presentación de un programa para la construcción de Centros Integrales de proximidad para la asistencia a las víctimas de violencia de género, el ministro del Interior había criticado a los funcionarios judiciales que dejan en libertad a personas denunciadas que luego se convierten en femicidas y sostuvo que los magistrados «tiene que escuchar».
«O se transforman o se van de un Poder que busca igualdad y justicia», completó en referencia a la actuación judiciales en esos casos.
Al respecto, Néstor García dijo: «Esas palabras aparecen como un haz de luz frente a la tristeza, la desesperanza y la impotencia que nos da cada nuevo femicidio; porque recordamos que detrás de una denuncia o expediente cajoneado en un juzgado, ha estado la vida de una nuestras hijas».
El padre de Micaela recordó que «el sistema de justicia fue factor clave para que Sebastián Warner, con libertad condicional a pesar de su condena por dos violaciones y los informes psicológicos que desaconsejaban este beneficio, secuestrara, violara, matara y desapareciera» a la joven entrerriana.
Luego del femicidio, el Congreso sancionó la Ley Micaela que obliga a todas las personas que trabajan en los tres poderes del Estado Nacional a recibir capacitaciones en temas de género y violencias contra las mujeres.
