Se realizaron las audiencias de evaluación del plan de saneamiento de la Cuenca Matanza Riachuelo

BUENOS AIRES- El jefe de la Auditoría General de la Nación (AGN), Leandro Despouy, detalló presuntas irregularidades en la contratación de obras hidráulicas para el saneamiento de la Cuenca Matanza Riachuelo, que involucran a cinco empresas vinculadas entre sí.
El funcionario ofreció información que pone en evidencia que empresas que resultaban adjudicatarias están asociadas entre ellas y cuentan en su conformación accionaria con familiares del juez federal Luis Armella, encargado de la ejecución del fallo de la Corte Suprema por el saneamiento.
Despouy dio estos detalles en el marco de una audiencia pública convocada por el máximo tribunal tras solicitarle a la AGN que investigue y se expida sobre las anomalías en las obras denunciadas en artículos periodísticos.
El funcionario también reportó que la autoridad de la cuenca ACUMAR canalizaba obras a través de las empresas estatales CEAMSE y AySA e informó sobre la ejecución de los trabajos en los municipios con incidencia en la cuenca hídrica.
Las dudas sobre estos contratos surgieron cuando la AGN cruzó los datos de M&T SA con las empresas Tierras Provinciales SA, Vial Rogo SA y Gildin SA, cuyas composiciones accionarias comparten al menos un socio.
Miembros de estas sociedades forman parte de San Martín 264 Bernal SA, entre cuyos socios figuran la esposa de Armella, Marina Laura Groba Martini, su suegro Francisco Alberto Groba y el tío de su pareja, Aníbal Carlos Nietzel.
La Corte dio por finalizada ayer la audiencia pública anual para evaluar la marcha de las obras para el saneamiento del Riachuelo.
El máximo tribunal quedó ahora en condiciones de emitir decisiones vinculadas no sólo con el desarrollo de las obras, sino también con el futuro del juez Armella.
Hace poco más de un mes, la Corte resolvió pedirle explicaciones al magistrado e incluso el ministro Enrique Petracchi se pronunció por apartarlo del expediente, dijeron fuentes judiciales.
En la audiencia de hoy también expuso Abel Marino en representación de la Coordinación Ecológica Area Metropolitana Sociedad del Estado (CEAMSE), y Anselmo Sella por la Defensoría del Pueblo de la Nación.
La causa se inició en julio de 2004, cuando un grupo de vecinos, encabezados por Beatriz Silvia Mendoza y otras 16 personas, presentaron una demanda en reclamo de la recomposición del medio ambiente y la creación de un fondo para financiar el saneamiento de la cuenca.
Los vecinos responsabilizaban por daños y perjuicios al Estado nacional, la Provincia y la Ciudad, y también a 44 empresas aledañas por volcar directamente al río los residuos peligrosos, por no construir plantas de tratamiento, no adoptar nuevas tecnologías y no minimizar los riesgos de su actividad productiva.
El 8 de julio dictó un fallo exigiendo a las autoridades de gobierno el saneamiento de la cuenta Matanza-Riachuelo, un territorio habitado por más de 5 millones de personas.
Por su parte el defensor del Pueblo adjunto, Anselmo Sella, pidió a la Corte Suprema de Justicia la realización de audiencias públicas para analizar el problema de los vecinos que son relocalizados en el marco del plan de saneamiento de la Cuenca Matanza Riachuelo.
El funcionario advirtió que en la aplicación de procedimiento, que afecta a unas 17.000 familias, se están «lesionando derechos básicos indispensables para garantizar el acceso a una vivienda adecuada».
Sella solicitó al máximo tribunal que convoque audiencias temáticas que permitan abordar cada uno de los temas que incluye el fallo tendiente a la recuperación ambiental de esa cuenca hídrica.
El defensor del Pueblo adjunto sostuvo que «se evidencian notables retrasos en la construcción de viviendas, lo que se suma a los plazos prolongados de ejecución».
«Muchas personas se mudaron personas a viviendas con deficiencias en las construcciones, graves situaciones por falta de acceso a servicios públicos esenciales como agua, electricidad y gas natural», precisó.
«Falta de planificación para asegurar el acceso a prestaciones indispensables en materia de salud, educación y seguridad», agregó al hablar en la audiencia pública convocada por la Corte.
Sella afirmó en este sentido que «desde hace 4 meses en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires las autoridades han suspendido, de forma unilateral, las mesas de trabajo que ya estaban en marcha».
En cuanto a la contaminación de origen industrial, el funcionario sostuvo que ACUMAR aportó datos sobre lo actuado, pero no se llega a «una interpretación suficiente sobre lo que significan en materia de avance en la reconversión industrial que se persigue».
También reclamó que ACUMAR cumpla con la exigencia de «identificar y publicar las áreas de mayor riesgo ambiental de la Cuenca y extender a todas ellas el estudio integral de la salud ambiental, considerando tanto a la población infantil como a los adultos».
A su vez la empresa estatal de aguas y saneamiento AySA dijo que las contrataciones de obras a su cargo «se ajustan a las leyes vigentes, que contemplan la emisión de certificados de capacidad de construcción emitidos por los registros públicos específicos de la Nación y de la Provincia de Buenos Aires».
Fuentes de la compañía precisaron que «la constructora M&T S.A. (constituida como S.A. en 2008, pero con actividad en el rubro desde 2003) fue contratada en los últimos cuatro años para realizar 16 obras, nueve de las cuales corresponden a la Cuenca Matanza-Riachuelo, por un total de 51 millones de pesos».
AySA destinó al 30 de junio último casi 4.500 millones de pesos a obras de adecuación de la Cuenca Matanza-Riachuelo, a través de la firma de 370 contratos, indicó la compañía, que tiene previsto hacer una presentación ante la Corte para responder al informe.
La empresa refirió que «para resultar adjudicataria de dichas obras, M&T concursó con otras 18 empresas» y agregó que «además, se registran cuatro contrataciones directas, no de obras sino en concepto de alquiler de equipos y limpieza de márgenes del Riachuelo, por un total de 2,7 millones de pesos».
En el mismo orden, se indicó que AySA «no tiene contratos con ninguna de las otras empresas mencionadas en las audiencias públicas» de evaluación de los trabajos en la Cuenca.
«Sólo se verifica la participaron de tres de ellas en licitaciones relativas a movimientos de tierra para actividades ajenas a la Cuenca y el motivo de la convocatoria de las mismas, se debió a su especialidad y cercanía con la zona en la cual debían realizarse dichas tareas», sostuvieron las mismas fuentes.
Desde AySA puntualizaron que «las contrataciones efectuadas, tanto en el marco de la Cuenca como así también el contexto del Plan Director de AYSA (de obras en toda el área a su cargo), permitieron ejecutar los trabajos previstos, en los plazos contratados y según los presupuestos aprobados».