Pedro Rodríguez: «El hacinamiento carcelario es responsabilidad del Poder Judicial, pero también del poder político»

Por Rody Rodríguez

Pedro Rodríguez, es Juez del Tribunal Oral N° 4 de Morón y secretario de La Red de Jueces Penales de la Provincia de Buenos Aires, una entidad creada en el año 2000 que viene denunciando constantemente la crisis de superpoblación en calabozos de las comisarías del conurbano. En el Departamento Judicial de Morón (del que forma parte Hurlingham), el porcentaje de sobrepoblación llega al 300%.

-La Red de Jueces Penales difundió recientemente la gravedad de la situación en Comisarías por la superpoblación de detenidos. La noticia, si bien es reciente, no es nueva, desde hace años escuchamos la existencia de este problema.

-Si, la verdad que sí. Nosotros venimos expresando desde hace tiempo una sobrepoblación, en realidad un hacinamiento en comisarías, también en unidades carcelarias, pero lo más grave ocurre en las comisarías de la provincia de Buenos Aires, sobre todo las del Conurbano. El caso de Morón, el departamento judicial de Morón que está conformado por los partidos de Ituzaingó, Morón, Merlo y Hurlingham, la situación es muy grave, hay entre 200 y 300% de superpoblación en los calabozos de las comisarías. Esta situación se agravó en los últimos dos meses que hubo más detenciones, al principio de la pandemia -entre marzo y abril-, ese número había descendido un poco, pero recrudeció mucho en junio y julio, cuando aumentaron mucho las detenciones. Los jueces damos las órdenes de traslado inmediato a unidades penitenciarias y en el Servicio Penitenciario dan vueltas durante meses y entonces las comisarías, que tampoco están en muy buenas condiciones, siguen alojando detenidos sin tener lugar.

-Y los alojan durante bastante tiempo cuando en realidad la detención en comisaría debería ser transitoria. ¿No es así?

-Claro, sí, es así. Nosotros tenemos una reglamentación por la cual no pueden estar más de 30 días en comisaría.

¿Y cómo se resuelve?

-Mire, en Latinoamérica, no en todos los países pero en casi todos los países, hay un uso abusivo del instituto de la prisión preventiva, gente que tiene una causa por primera vez, es muy raro que sea excarcelada o que no se le dicte la prisión preventiva, mucho más con una causa grave aunque sea por primera vez, y por otro lado no se construyen unidades carcelarias, la última creada fue hace muchos años. Y además hay muchas comisarías con sus calabozos clausurados, por las malas condiciones, porque no hay prácticamente tareas de mantenimiento, clausurados por las condiciones evidentemente inhumanas, ahora son calabozos que podrían arreglarse con dos o tres horas de trabajo de algún albañil, con algunos caños y un poco de material.

-Pero por más que se arreglen eso no soluciona el hacinamiento, con todos los riesgos que eso implica, en estos tiempos con el riesgo de contagios masivos de coronavirus, pero hace poco hubo un caso de un joven detenido por un hecho menor, muerto por un incendio en la comisaría de Chascomús.

-Es que estamos con calabozos que tienen 2 x 2, 2 x 3 en el mejor de los casos con 10 personas o más, tienen que turnarse para dormir, y esto no se restringe, no se limita a la persona que está detenida, está el personal policial que tiene que trasladarlo si o si porque tiene que ir a declarar al juzgado, porque hay que notificarle cosas, tienen contacto y está expuesto, no solamente a una cuestión de enfermedades que pueden circular entre los detenidos, a veces las condiciones de los baños e higiene distan mucho de ser las mejores, y además se expone al riesgo de motines y evasiones, y las evasiones también afectan a los vecinos, es un problema gravísimo.

-Volviendo al tema de las prisiones preventivas, o de lo que podemos llamar abuso de ‘meter preso por las dudas’, ¿quién es la responsabilidad de esa situación? ¿No es de los jueces?.

-Fundamentalmente del Poder Judicial… lamentablemente del Poder Judicial pero también hay responsabilidad de los poderes políticos. Cuando se produce alguna liberación hay cuestionamientos muy gran-des a los jueces, cuando a veces hay algún crimen cometido por alguien que fue excarcelado o que no se le concedió la prisión preventiva por algún motivo, pese a que el proceso sigue, los cuestionamientos le caen al Poder Judicial, y en particular al juez, y hay colegas que fueron llevados a juicio político, a instancias del poder político, con suspensión de sus funciones y el 40% de descuento de sus remuneraciones, etc, aunque después en el juicio político se compruebe que no hubo ninguna responsabilidad, te puedo citar varios casos. Y eso es una cuestión que el juez indudablemente tiene presente.

Entonces la responsabilidad es en parte del Poder Judicial y también es responsabilidad del poder político, que tampoco dicta o provee la legislación suficiente o necesaria como para limitar las prisiones preventivas, al contrario, hay constante legislación limitando las excarcelaciones, las salidas, y claro, el político se ve urgido por la difusión o la movilización pública por algún crimen, algún hecho resonante, esto ya lo vimos. Por ejemplo, el caso Blumberg, por tomar algo del pasado, después de las movilizaciones se restringieron muchísimo las excarcelaciones, la prisionalización que hubo inmediatamente después fue enorme y todo eso no contribuyó a solucionar el problema de seguridad.

-El efecto Blumberg llevó a una modificación del Código Penal y Procesal que no trajo demasiados beneficios.

-Al contrario, por ejemplo aumentó la cantidad de delitos.

-¿Cuál es su mirada sobre el proyecto de reforma judicial?

-La reforma propone un aumento y una modificación de competencia, un aumento de la cantidad de organismos judiciales que si bien puede contribuir a acelerar algún trámite, va a tener un costo importante. Lo malo también es que la reforma está vista por un importante sector jurídico y de la población como una oportunidad para cambiar los jugadores a los que les van a tocar a algunas causas, que involucran al poder político, en particular a la ex Presidenta o Vicepresidenta ahora, y eso es malísimo. Creo que las reformas procesales deben consensuarse, que deben hacerse mirando a futuro y consultar a procesalistas que tienen proyectos interesantísimos para hacer un sistema acusatorio pleno, que es lo que estamos pidiendo todos en el país. Una justicia federal que tenga un sistema acusatorio pleno.

En lo procesal nosotros tenemos un problema grave por la lentitud en la resolución de algunos temas y la proliferación de disidencias en las cárceles, eso se soluciona en gran medida con la organización total y con el sistema acusatorio. Nadie crea que van a mejorar mucho las causas por tener más juzgados.

-Pero también es lógico pensar que la reforma es imprescindible y urgente, solo teniendo en cuenta la pésima imagen del poder judicial. En la consideración de las instituciones por parte de la sociedad, ubica a la justicia entre las peores. 

-Si, sí. Con el sindicalismo quizás.

-No, mucho peor.

-Bueno, pero también hay otra cosa, es evidente que cuando el poder político tiene algún inconveniente en muchísimas  materias, lo único que hace es descargar sobre la justicia, sobre los jueces, que como muchos sostienen, hablan por su sentencia, entonces la explicación jurídica del juez nunca es discutida, la resolución, los fundamentos de la sentencia no se explican, y el poder político y muchos periodistas amarillos o amarillezcos, la explican, opinan, dan soluciones, sin siquiera leer la sentencia, sin haber visto un juicio en su vida, y así para los medios o los políticos les resulta fácil criticar al juez.

¿Cuál es su opinión de la implementación del juicio por jurados?

En algunos sectores el resultado es excelente, tal vez se puede discutir alguna sentencia, pero hasta ahora en la provincia de Buenos Aires la experiencia fue muy buena. La impresión de las personas que participan en los jurados es excelente, quedan felices de haber participado, orgullosas de asumir ese compromiso ciudadano. El juicio por jurado, que está planteado en nuestra Constitución, tiene enormes ventajas y lamentablemente no se hacen la cantidad de juicios por jurado que podrían hacerse en la provincia. Pero en general estamos muy contentos, con algunas críticas es cierto, sabiendo que hay dificultades, que se puede mejorar algunas cosas, pero estamos muy contentos con el sistema.

-Empezamos la nota hablando del hacinamiento en las comisarías, también podríamos hablar del hacinamiento en juzgados, atiborrados de archivos, con pilas de expedientes en el piso, papeles por todos lados…

-Si, sí. Nosotros tenemos una acordada de la Suprema Corte Judicial de la provincia de Buenos Aires que paso a digitalizar todo el sistema hace 3 meses, por lo cual nosotros no vamos a imprimir prácticamente nada, paulatinamente el expediente digital ya se está haciendo una realidad. Es un avance, y en la actualidad con un gran esfuerzo por parte del personal y los jueces que trabajan en las casas a cualquier hora, aunque también hay un tema presupuestario que preocupa, el Poder Judicial de la provincia de Buenos Aires tiene una injerencia presupuestaria bajísima en presupuesto general.

-Lo paradójico es que mientras el Poder Judicial bonaerense tiene problemas presupuestarios, la Corte Suprema de Justicia de la Nación se jacta de tener superávit desde hace más de 10 años, con ahorros en plazos fijos por 30.000 millones de pesos.

-Bueno, está claro que nosotros, la ciudadanía, necesita que el Poder Judicial de la provincia tenga un manejo autárquico de sus fondos y una mayor injerencia de presupuesto. Y eso ya tiene estado legislativo y está bien vista por diversos sectores del poder político así que esperamos que cuando toda esta situación se normalice se pueda realizar el tratamiento de autarquía al Poder Judicial.

 

 

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