La Provincia deberá indemnizar a la familia Pomar por el trágico accidente

 

 

 

La justicia falló a favor del hijo y la madre de Gabriela Viagrán, la esposa de Luis Pomar, quien murió con él y sus dos hijas en un accidente en 2009.

La Justicia de San Martín condenó al Estado de la provincia de Buenos Aires a indemnizar a dos herederos de familia Pomar por su responsabilidad en el accidente en el que murieron una pareja y sus dos hijas en 2009 a raíz el mal estado de la ruta 31.

A pesar de la condena, el Estado bonaerense deberá pagar el 70% del resarcimiento dado que se le atribuyó el 30% de la culpa por el accidente a Luis Pomar, quien conducía el auto que volcó y quedó 24 días abandonado a la vera de la ruta 31 cerca de la ciudad de Salto, en el norte de la provincia.

El fallo de la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo de San Martín, al que accedió Télam, contempla que tanto la madre como el hijo de Gabriela Viagrán (esposa de Luis Pomar) seas resarcidos con el 70% de $1.700.000, unos $1.190.000, más los intereses devenidos desde 2011 -cuando se inició la demanda-, «por daño moral» y «valor vida».

Luis Pomar, Gabriela Villagrán y sus hijas, Candelaria y María del Pilar (de 6 y 3 años, respectivamente) sufrieron un accidente que les costó la vida a los cuatro cuando su Fiat Duna Weekend se despistó en la noche del 14 de noviembre de 2009 en el tramo Gahan-Salto, donde confluyen las rutas 31 y 191, a la altura de la llamada «curva Plazibat».

El caso fue reportado por los familiares de la pareja como una desaparición, lo que dio pie a toda clase de especulaciones. Por deficiencias en la investigación o negligencia de las autoridades, recién el 8 de diciembre los efectivos policiales encontraron el auto y los cuerpos de los Pomar a metros de la cinta asfáltica, pasando una cuneta donde hay unos pastizales.

De los peritajes surgió que en el sector de la curva de la ruta 31 había «dos hundimientos en forma de canaletas que ocasionaban el estancamiento de agua», además de que «la calzada no se encontraba señalizada, ni demarcada» y que «la delimitación de los dos carriles de circulación y la doble línea amarilla eran muy poco visibles», al igual que «la línea de banquina era prácticamente inexistente», indica el fallo.

Además, se destacó que «tampoco había carteles verticales, ni mojones que ilustren el kilometraje de la ruta, ni la existencia de una curva, ni de velocidad máxima» y que «los vecinos refirieron acerca de la peligrosidad de la ruta, al presentar baches y deformaciones, diciendo que habían ocurrido numerosos accidentes en ese lugar».

Sobre el auto en el que circulaba la familia, los peritos concluyeron que «estaba en condiciones aceptables de circulación, pero que tenía dos neumáticos que no estaban en buenas condiciones», al tiempo que «los ocupantes no llevaban colocados los cinturones de seguridad».

Con esas pruebas los jueces de la Cámara determinaron que la responsabilidad en el hecho le corresponde en un 70% a la Dirección de Vialidad de la provincia de Buenos Aires y un 30% a Luis Pomar, ya que el auto en el que trasladaba a su esposa y a sus dos hijas no tenía en condiciones los neumáticos.

La Cámara rechazó, en tanto, la responsabilidad civil de la fiscal general de Pergamino Amalia Rava, contra quien accionaron los familiares por considerar que tuvo un mal desempeño en la búsqueda de las víctimas por parte de los investigadores policiales.

Para los magistrados Rava no debe responder civilmente por ese hecho, aunque sí debe hacerlo al Estado bonaerense como responsable en la mala administración de justicia en este caso, explicó a Télam el abogado Pablo Majul, representante de la madre de Viagrán, quien falleció hace pocos meses de una enfermedad.

La Cámara consideró que «si bien es cierto que ha quedado en evidencia la existencia de numerosas irregularidades», la mayoría fueron «graves falencias por parte de los numerosos agentes de policía en el cumplimiento de las órdenes impartidas por el Ministerio Público Fiscal», lo que ha derivado en actuaciones penales.

En el marco de la causa penal por esas irregularidades en 2017 habían sido condenados dos policías por falsificar actas del rastrillaje para localizar a la familia Pomar, aunque en 2018 fueron absueltos por la Cámara de Apelaciones y Garantías de Junín tras considerarse que «no se advierte mendacidad» en su accionar.

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