Se subastarán muebles e inmuebles decomisados a narcotraficantes y en causas de lavado de dinero

13-11-2017

 

BUENOS AIRES/ CAPITAL FEDERAL/ SANTA FE/ SALTA/ CORRIENTES El objetivo es que el Estado recaude dinero con la venta de propiedades ubicadas en Capital Federal, Buenos Aires, Corrientes, Santa Fe y Salta.

La Agencia de Administración de Bienes del Estado subastará inmuebles que fueron decomisados en causas de narcotráfico y lavado de dinero. Así lo establece un decreto publicado este lunes en el Boletín Oficial.

La medida autoriza a la Agencia a subastar inmuebles ubicados en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en las provincias de Buenos Aires, Corrientes, Santa Fe y Salta.

La venta de estos predios persigue como objetivo la puesta en valor de inmuebles y terrenos que se encuentran subutilizados, en estado de abandono o mal concesionados, para mejorar los entornos en los que están ubicados y dinamizar la economía, detalló el organismo oficial en un comunicado.

Los inmuebles se subastarán a través del Banco Ciudad en un proceso público y abierto, y para el cual habrá una convocatoria acorde con lo que establece la ley.

Dentro de los organismos oficiales y jurisdicciones que solicitaron inmuebles o terrenos se encuentran el Banco Central, la Ciudad de Buenos Aires para relocalizar vecinos del Barrio 31, la Municipalidad de San Miguel y el Poder Judicial de la provincia de Buenos Aires para el complejo judicial de Mercedes, entre otros.

Asimismo, dentro de los inmuebles aprobados para la venta se incluyen tres ubicados en la ciudad de Paso de los Libres (Corrientes), que fueron decomisados por la Unidad de Información Financiera (UIF).

Los inmuebles decomisados son la Estancia “El Haragán”, ubicado en el km. 461,7 Ruta Nacional 14 (14 hectáreas); el motel alojamiento “Momentos”, ubicado en el km 7,5 Ruta Nacional 117 (superficie de 1050,00 m2) y la Whiskería Roxi, ubicado en la Ruta Nacional 117 km. 8 (superficie de 1085,80 m2).

La Justicia Federal de Corrientes aseguró que la compra de estos tres inmuebles se realizó con fondos ilícitos, y la causa comenzó en 2011 y obtuvo sentencia firme en 2013. Desde ese momento, no se definió un destino concreto para los inmuebles y comenzaron a deteriorarse.

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