Los aumentos de Gas podrían ser anticonstitucionales

01-08-2017

BUENOS AIRES- A través de una investigación del Centro de Estudios para la Promoción de la Igualdad y la Solidaridad (Cepis) se conoció que el costo del gas en boca de pozo no se basa en razón alguna.

El Centro de Estudios para la Promoción de la Igualdad y la Solidaridad (Cepis) se presentó ante la Justicia federal para pedir una “declaración de certeza”. En este marco, a través del acceso que tuvo el diario Página 12, se conoció que los aumentos de gas efectuados por la cartera que dirige Juan José Aranguren son inconstitucionales.

La asociación civil que en 2016 logró que la Corte Suprema llame a audiencias públicas, investigó el costo del gas en boca de pozo. En este sentido Mariano Lovelli abogado de Cepis dijo: “Nosotros creemos que dos resoluciones del ministro con los aumentos en el gas son inconstitucionales” y añadió: “Entonces nos dirigimos a la Justicia y pedimos que eche luz en un sitio que a nuestro juicio produce oscuridad.”

“Los argumentos utilizados para el aumento de tarifas no se sostienen lógicamente ni recogieron toda la riqueza vertida en las audiencias públicas que el ministro debió convocar después de que la Corte Suprema nos dio la razón con un fallo”, afirmó Lovelli. “Y encima esos argumentos fueron usados para fijar tarifas confiscatorias”, agregó.

¿Qué es lo que quiere saber Cepis? “Si resultan compatibles con nuestra normativa (o no), los diversos cuadros tarifarios establecidos por dicho ministerio, como resultante de la Revisión Tarifaria Integral, que fueran aprobados mediante Resoluciones 212/16 Y 74/17, por entender esta parte que, por un lado, no se cumplió en brindar la información adecuada y veraz establecida en el art. 42 de nuestra Constitución; por otro lado, entendemos que las actuales tarifas violan los preceptos de razonabilidad, justeza y accesibilidad, doctrina del Máximo Tribunal Nacional en el caso”.

Además destacaron que “entendemos que el precio irrazonable establecido para el PIST causa que los usuarios vean afectados sus derechos humanos reconocidos constitucional y supraconstitucionalmente”.

En este sentido el Cepis señala “la no correspondencia de lo sostenido en los considerandos con la realidad del sector” debido a que Aranguren indicó un “un supuesto deterioro económico de las empresas del sector gasífero entre 2002 y 2015” pero no explicó la rentabilidad que han conseguido las empresas en función de la aplicación de las mencionadas resoluciones ministeriales, claramente ilegales”.

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