Los derechos sociales son derechos de justicia

    Donde existe una necesidad nace un derecho

    Evita

    Por ANA JARAMILLO

    Los derechos del hombre se declararon en el siglo XVIII. Dos siglos después, el 10 de diciembre de 1948 se sancionó la Declaración Universal de los Derechos Humanos en la Asamblea General de las Naciones Unidas. Tres meses después, en la Argentina, el 11 de marzo de 1949, durante el primer gobierno peronista se sancionó una nueva Constitución Nacional.

    Son hitos en la historia universal y de nuestro país que buscaban proteger y promover los derechos individuales y colectivos del hombre.

    Sin embargo, la  Carta Magna de 1949 fue derogada por el dictador Gral. Pedro E. Aramburu en abril de 1956 mediante un decreto que establecía: “declarar vigente la Constitución Nacional sancionada en 1853, con las reformas de 1860, 1866, 1898 y exclusión de la 1949”.

    Se volvía casi un siglo atrás desconociendo derechos conquistados por el pueblo argentino,

    Durante la dictadura que sobrevino después del golpe militar de 1955, que derrocara al gobierno de Juan D. Perón, se convocó en 1957 a una convención constituyente con la proscripción del peronismo y sin el funcionamiento del Congreso Nacional, que terminó avalando la reposición de la Constitución de 1853 con pequeñas modificaciones.

    Sin embargo la Constitución de 1949 sigue siendo una de las primeras Constituciones que no sólo sancionaba todos los derechos proclamados por la Declaración Universal de los Derechos Humanos, sino que iba más allá, instaurando derechos sociales y de justicia como se denominan actualmente, en la edad de los derechos al decir de Bobbio[1] .

    Las políticas y programas sociales no constituyen ni beneficencia ni caridad, sino establecer y restituir derechos de justicia establecidos ya en la Constitución Nacional de 1949, conculcados durante las sucesivas dictaduras que asolaron a nuestro país para defender los privilegios de los poderosos.

    Las feroces dictaduras en nuestro país violentaron las instituciones democráticas y con ellas todos los derechos humanos, sociales, políticos, jurídicos, culturales y económicos,  pero en  la Constitución de 1949 ya se establecía: el Derecho a la seguridad social; los Derechos para la ancianidad que implicaban el Derecho a la asistencia,  a la vivienda, a la alimentación, al vestido, al cuidado de la salud física, al cuidado de la salud moral y al esparcimiento; el Derecho al trabajo, el Derecho a la tranquilidad, el Derecho al respeto; el Derecho de trabajar y el Derecho a la defensa de los intereses profesionales; el Derecho a la preservación de la salud; el Derecho al bienestar; los Derechos a la educación y la cultura gratuita que implicaban que  el Estado crearía escuelas de primera enseñanza, secundaria, técnico-profesionales, universidades y academias, protegería y fomentaría el desarrollo de las ciencias y de las bellas artes y el Estado aseguraba  a los alumnos capaces y meritorios el Derecho de alcanzar los más altos grados de instrucción asegurando el ejercicio de éste derecho mediante becas, asignaciones a la familia y otras providencias que se conferirían por concurso entre los alumnos de todas las escuelas.

    Norberto Bobbio entiende que los derechos sociales fundamentales son “presupuesto y precondición del efectivo ejercicio de los derechos de libertad”.

    Sostiene que los derechos sociales “son derechos de libertad” porque “constituyen la premisa indispensable para asegurar a todos los ciudadanos el disfrute efectivo de las libertades políticas”.

    Los derechos de libertad, para él, se refieren a la persona moral, mientras que los derechos sociales se refieren a la persona social.

    Dichos derechos fueron recientemente denominados como “derechos de justicia” por el constitucionalista Gustavo Zagrebelsky.

    Concluye el autor que la democracia tiene por fundamento el reconocimiento de los derechos de libertad y como complemento natural el reconocimiento de los derechos sociales o de justicia.

    Después de la segunda guerra, dando por sentados los derechos de la libertad, se pasó de la democracia liberal a la democracia social.

    Para él, se pueden distinguir los grados de democracia de acuerdo a la mayor o menor distancia real de los ideales democráticos, que son la eliminación de la violencia política, la protección de la libertad y el desarrollo cada vez más amplio de los derechos sociales o de justicia.

    Todo ello depende y se diferencia asimismo por razones históricas, sociales, económicas y políticas en los distintos pueblos.

    Sin embargo, la historicidad de las organizaciones sociales y su diversidad cultural en los diferentes países, modifican no sólo la concepción del ejercicio del poder, sino de la armonía posible entre los ideales de libertad e igualdad en los procesos de transformación permanentes de la realidad social.

    El poder del pueblo o la democracia en la antigua Grecia se sostenía sobre la esclavitud. Aún hoy en varios países europeos la democracia convive con la monarquía, donde el poder se transmite por sangre azul.

    Nada de ello sucede en Nuestra América que día a día avanza en la edad de los derechos, que pretenden acompañar los cambios en la moral social general, estableciendo y promoviendo nuevos derechos para todos los ciudadanos en la búsqueda de la ecuación ideal entre libertad e igualdad.

    Llamó la atención que la ampliación de los derechos de justicia en nuestro país se planteara como recurrente manía por el igualitarismo en un artículo del matutino La Nación que confunde derechos ciudadanos con derechos del consumidor, entre otras confusiones.

    ¿Será esa la propuesta que incuban las críticas al proyecto nacional y a la mayoría de los gobiernos de Nuestra América?

    Se han olvidado que con la política económica propuesta por el autor, la sociedad argentina toda se sumió en el infierno en el 2001 cuando explotó el país ya sin moneda, ya endeudado sin ninguna capacidad de pagar, ya sin credibilidad en ninguna dirigencia, con asambleas populares y saqueos permanentes y pasó a ser ya inviable incluso para el Mercado.

    El riesgo país subía día a día, que significaba en realidad el riesgo y la poca probabilidad de los acreedores de cobrar su deuda.

    La desocupación crecía a la par del riesgo país y ya habían ajustado todo lo posible, ya habían desindustrializado, ya habían privatizado la industria petrolera, la aerolínea de bandera, las jubilaciones, la telefonía, el agua y la luz, reformado las obras sociales, ampliado la privatización de la salud y la educación, destruyendo las industrias así como las redes ferroviarias, junto al sistema previsional, el sistema de salud y educativo y violado todos los derechos adquiridos a lo largo de la historia argentina.

    En un plazo brevísimo pasaron cinco presidentes por la Casa de gobierno. Se intentó canjear la deuda y se intentó pacificar la rebelión popular.

    Tanto dolor anunciaba una nueva era y nadie asumía la paternidad del anterior modelo expoliador. Las reservas no menguaban porque no existían.

    Así comenzó a partir del 2003, el nuevo modelo que se iba extendiendo a lo largo de toda América Latina. Venezuela, Argentina, Brasil, Bolivia, Chile, Uruguay, Ecuador, fueron sucesiva y espasmódicamente uniéndose para amalgamar lo que los imperios habían desunido desde la propia independencia.

    Juntos decidieron enfrentar el Tratado de Libre Comercio que intentaba imponer Estados Unidos. Juntos le dijeron a Bush que no lo aceptaban y lo mandaron a su país en la Cumbre de Mar del Plata.

    Juntos decidieron comenzar por el Mercosur entre Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay que se fue ampliando hasta la actual CELAC, (Comunidad de estados de América Latina y el Caribe).

    Desde la llegada del Presidente Kirchner hasta el día de hoy, con la Presidenta Cristina Fernández de Kirchner, se decidió terminar con el endeudamiento, para adquirir soberanía política. Se derogaron las Leyes de Obediencia Debida y de Punto Final, por lo cual los juicios  continúan aún hoy.

    De allí en adelante se retomó el modelo que permitió ampliar el mercado interno, se comenzó a invertir en la reindustrialización; se renacionalizaron las jubilaciones; se renacionalizó la industria petrolera así como la línea de bandera y recientemente el transporte ferroviario; se otorgaron créditos a las pequeñas y medianas empresas; se multiplicó la inversión en infraestructura, se otorgaron net books a todos los alumnos de las escuelas públicas; se crearon muchas más universidades públicas y más de mil escuelas y se otorgó la asignación universal por hijo a las familias de menores recursos entre otras medidas redistributivas, así como planes sociales a los desocupados.

    Erradicar la pobreza no es una tarea de corto plazo, implica no sólo medidas económicas sino políticas sociales y culturales para poder llegar a una sociedad más justa. Suponemos que de eso se trata cuando critican lo que denominan recurrente manía de igualitarismo.

    Efectivamente, el gobierno está empeñado en la redistribución de la riqueza, en seguir ampliando y fortaleciendo los derechos ciudadanos y sociales en forma permanente, desde el matrimonio igualitario que ya se sancionó, hasta los derechos a la vivienda, a la salud y a la educación.

    Para ello, debe aún democratizar al poder judicial ampliando el acceso a la justicia y debe instaurar definitivamente la Ley de Medios, que implica desmonopolizar el poder simbólico que construye o manipula el verdadero sentido de las transformaciones; debe continuar construyendo la Patria Grande con el resto de los países de América Latina, que poseen recursos naturales, pero también una cultura en común, un lenguaje y una historia en común.

    Todo ello implica más democracia, más justicia social, más libertad y más soberanía.

    He dado en llamar a este modelo el “modelo de sustitución de importaciones de ideas”.

    Hasta hace poco se importaban capitales financieros así como productos que se pueden perfectamente producir  a nivel nacional, generando empleo en nuestras sociedades latinoamericanas.

    Pero aún subsisten tercamente los poderes culturales de quienes son los dueños del poder simbólico, horadando las conquistas logradas, tergiversándolas y queriendo seguir copiando recetas bárbaras, extranjeras pretendidamente universales con las cuales hemos llegado hasta el infierno tan temido. Lamentablemente para Europa, ahora pretenden implementarlas allá.

    Los indignados tendrán que salir a combatir a los bárbaros nuevamente.

    Decía el Presidente Perón, que la “fuerza es el derecho de las bestias”.

    Lamentablemente, esa Razón universal deificada y bestial, está acompañada muchas veces en la actualidad por la razón ilustrada vernácula y su poder muchas veces inescrutable que pretenden dar marcha atrás.

    Ortega y Gasset, que también escribía en el diario La Nación desde 1923 hasta 1952, sostenía que en el siglo XVIII,  en la declaración de los derechos del hombre y del ciudadano, comunes a todos, todo derecho afecto a condiciones especiales quedaba condenado como privilegio.

    En su libro la Rebelión de las masas, nos decía que en el siglo XIX, la masa lo veía como un ideal. No ejercitaba los derechos, no los sentía propios ni los sentía porque bajo las legislaciones democráticas seguía como bajo el antiguo régimen. “el pueblo sabía ya que era soberano; pero no lo creía”.

    Y en 1946, Ortega sostenía que “los derechos niveladores de la generosa inspiración democrática se han convertido, de aspiraciones e ideales, en apetitos y supuestos inconscientes…el sentido de aquellos derechos no era otro que sacar las almas humanas de su interna servidumbre y proclamar dentro de ellas una cierta condición de señorío y dignidad. ¿No era esto lo que se quería? ¿Qué el hombre medio se sintiese amo, dueño, señor de sí mismo y de su vida? Ya está logrado. ¿Por qué se quejan los liberales, los demócratas, los progresistas de hace treinta años?  ¿O es como los niños, que quieren una cosa, pero no sus consecuencias? Se quiere que el hombre medio sea señor. Entonces no se extrañe que actúe por sí y ante sí, que reclame todos los placeres, que imponga decidido su voluntad, que se niegue a toda servidumbre, que no siga dócil a nadie, que cuide su persona y sus ocios, que perfile su indumentaria: son algunos atributos perennes que acompañan a la conciencia de señorío. Hoy los hallamos residiendo en el hombre medio, en la masa”.

    No sabemos qué diría Ortega ahora, pero efectivizar los derechos del hombre para todos, tres siglos después, sigue escandalizando a los privilegiados aún existentes en los regímenes democráticos.

    Que la masa o el pueblo apetezca, quiera y pueda consumir teatro, cine, libros, televisión, electrodomésticos, hacer turismo durante su ocio, tener vivienda, salud y educación gratuita es sólo ejercer los derechos democráticos, los derechos humanos, declarados hace tres siglos.
    No es populismo, se parece bastante a ejercer la democracia, son los derechos de justicia en la edad de los derechos y el pueblo ya sabe que los conquistó y no se los dejará arrebatar.

     

    [1] Bobbio, Norberto: Elementi di política, Einaudi, 2010, Torino

     


    *Rectora de la Universidad Nacional de Lanús.