YPF vuelve a ser argentina

 

La presidenta Cristina Kirchner anunció ayer que enviará al Congreso de la Nación  un proyecto de ley que contempla la expropiación por parte del Estado Nacional del 51% de las acciones de YPF y la recuperación del control de los recursos hidrocarburíferos de la Nación.

“De continuar esta política de vaciamiento y de no inversión, Argentina se hubiese convertido en un país inviable, por políticas empresariales y no por falta de recursos, porque somos el tercer país en el mundo, luego de China y Estados Unidos”, explicó la mandataria al ofrecer algunos de los fundamentos del proyecto

En los fundamentos del proyecto, el Gobierno hace referencia a que «la política de vaciamiento ejecutada por Repsol en YPF implicó por primera vez en 17 años un saldo comercial en materia de combustibles deficitario, que ascendió en 2011 a 3.029 millones de dólares».

«La política llevada adelante por Repsol YPF tuvo como consecuencia la multiplicación de las importaciones de combustibles ascendiendo, para este último año, a 9.397 millones de dólares».

Según el texto, «como contrapartida, Repsol no sólo recuperó su inversión, sino que además retiró 8.813 millones de dólares entre 1999 y 2011; así mientras al país lo perjudicaba la situación, Repsol incrementaba sus ganancias».

En este contexto, «resulta necesario modificar la lógica especulativa y cortoplacista que caracteriza a la principal firma petrolera de nuestro país bajo la conducción de Repsol a fin de ponerla al servicio de las necesidades del país y del modelo productivo con inclusión social».

«Para garantizar la continuidad en el largo plazo del acelerado crecimiento económico con perfil industrial, que se verificó desde el año 2003, es necesario asegurar la disponibilidad de aquellos recursos que resultan estratégicos para sostener la expansión de la producción en condiciones económicamente razonables y previsibles en el tiempo», indica el texto.

«La profundización de este modelo requiere de una empresa comprometida con los objetivos nacionales, ya que la expansión de la producción de hidrocarburos resulta central para proseguir el proceso de reindustrialización, lo cual no es incompatible con un nivel razonable de rentabilidad para las empresas del sector», agrega la iniciativa que comenzará a ser analizada mañana en un plenario de comisiones del Senado.

Para esto «resulta imprescindible recobrar el control de la empresa que detenta la posición dominante en todos los segmentos del mercado mediante la expropiación exclusivamente de la mayoría accionaria al grupo Repsol a fin de garantizar el autoabastecimiento energético».

«Esto es así porque fue precisamente el actual accionista mayoritario quien dirigió la empresa en el sentido que se ha reseñado», se detalla.

Una vez expropiadas las acciones, el Directorio de YPF quedará conformado por el Estado Nacional, los Estados provinciales productores de hidrocarburos (Formosa, Jujuy, Salta, Mendoza, La Pampa, Neuquén, Río Negro, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego) así como por el sector privado, ya sea local o extranjero que esté en posesión de las restantes acciones.

«Se trata, por lo tanto, de un modelo de desarrollo energético basado en la cooperación pública y privada, que garantizará la explotación de los recursos hidrocarburíferos en consonancia con los intereses de la Nación en su conjunto».

El proyecto reseña que en 1992, la principal empresa petrolera del país, la estatal YPF, fue convertida en una sociedad anónima, y posteriormente en 1997 en el marco de la profundización del modelo neoliberal en Argentina, se inició su desnacionalización.

En 1999 prácticamente la totalidad del paquete accionario de YPF fue adquirido por la empresa española REPSOL, bajo cuya dirección se inició un progresivo proceso de desmantelamiento y vaciamiento de la principal empresa petrolera de nuestro país.

Desde entonces, «la estrategia de carácter predatorio ejercida por parte de REPSOL como controlante de YPF tuvo serias consecuencias para la economía nacional y, seguramente, se profundizarán si el Estado no toma intervención en el funcionamiento de la empresa».

En detalle, entre 1998 y 2011 la producción total de petróleo de Argentina se redujo en 15,9 millones de m3, de los cuales 8,6 millones de m3 fueron responsabilidad de Repsol-YPF.

En el mismo sentido, la producción total de gas se redujo entre 2004 y 2011 en 6,6 miles de millones de m3, de los cuales 6,4 miles de millones correspondieron a Repsol-YPF.

«Vale decir que esta compañía fue responsable del 54% de la caída de la producción de petróleo y del 97% de la caída de la producción de gas», según los considerandos del proyecto, en lo que se agrega que «es por eso que el país debió importar combustible para satisfacer las necesidades de su crecimiento».

La disminución de la producción de petróleo y gas «además de generar un ahorro de recursos en el rubro inversión, actuó como un elemento para empujar los precios al alza y para focalizarse en la porción más rentable del mercado».

Además, en los últimos años «la empresa maximizó la remisión de utilidades y el endeudamiento externo, en el marco de una creciente especulación financiera como parte de su estrategia global».

De hecho, debido a «la sistemática falta de inversiones por parte de la compañía» distintas provincias fueron quitando en los últimos meses conseciones de explotación, como es el caso de Chubut con los yacimientos de «EL TREBOL-ESCALANTE» y «CAÑADÓN PERDIDO-CAMPAMENTO CENTRAL – BELLA VISTA ESTE»; Neuquén con las áreas «Chihuido de la Salina» y «Portezuelo Minas»; Mendoza en las áreas CEFERINO y CERRO MOLLAR NORTE.

También Salta dio de baja los contratos del yacimiento Tartagal Oeste; mientras que Río Negro hizo lo propio con Los Caldenes y el área Ñirihuau; y Santa Cruz dispuso la caducidad por incumplimiento de la concesión del área LOS PERALES-LAS MESETAS, un yacimiento de vital importancia para la empresa.

Asimismo, se dio de baja la concesión de las áreas CAÑADÓN VASCO y PICO TRUNCADO-EL CORDÓN, ubicadas en la Cuenca del Golfo San Jorge, que se suman a las reversiones anunciadas por Santa Cruz sobre las áreas LOS MONOS y CERRO PIEDRA -CERRO GUADAL NORTE.

El texto agrega que un promedio anual de 110 pozos exploratorios que se realizaban en la etapa de YPF estatal (1970-1992), dicha magnitud se redujo en el 2010 a tan sólo 30 pozos.

En este contexto, «la participación mayoritaria del Estado Nacional y de las provincias en el Directorio de YPF garantizará la instrumentación de un plan de negocios encaminado a alcanzar una expansión progresiva y sustentable en la producción petrolera, gasífera y de sus derivados, en consonancia con las necesidades de un patrón de crecimiento sustentable y socialmente inclusivo», concluye el proyecto.

Además, en el mismo acto, Cristina, acompañada por funcionarios, gobernadores, empresarios, sindicalistas y dirigentes sociales, firmó un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que interviene la petrolera y designa al ministro de Planificación Julio De Vido, secundado por el viceministro de Economía, Axel Kicillof, al frente de la gobernanza de la empresa hasta tanto se defina el futuro de la firma.

De esta manera, el gobierno busca garantizar el normal funcionamiento de la compañía y asegurar la continuidad de las fuentes de trabajo a la espera de que el Parlamento apruebe la iniciativa y coloque la piedra angular de la nueva YPF.

Hoy al mediodía, el Senado comenzó a debatir en las comisiones de Asuntos Constitucionales, Presupuesto, y Combustible, el proyecto oficial que ingresó ayer   mismo a través de la mesa de entrada. Los legisladores del oficialista Frente para la Victoria confían en que podrán hacer prevalecer su mayoría y lograr la aprobación en el recinto la semana próxima. Como era de prever, la iniciativa recibió el visto bueno de todo el arco oficialista y de los partidos de centro y centroizquierda mientras que la derecha expresó abiertamente su malestar.

Ayer estuvieron, entre otros, el mandatario de la provincia de Buenos Aires, Daniel Scioli, y toda la camada de mandatarios de la Organización Federal de Estados Productores de Hidrocarburcos (Ofephi), Martín Buzzi (Chubut), Daniel Peralta (Santa Cruz), Fabiana Ríos (Tierra del Fuego), Jorge Sapag (Neuquén), Alberto Weretilneck (Río Negro), Gildo Insfran (Formosa) y Juan Manuel Urtubey (Salta). Junto a la presidenta también estuvieron presentes el ministro de Planificación, Julio De Vido, el viceministro de Economía, Axel Kicillof, los dos referentes del Ejecutivo que se encargarán de conducir la compañía durante el tiempo que se extienda la intervención, prevista inicialmente por 30 días. El propio titular de la Central Obrera de Hugo Moyano dijo que “hacen suya la decisión del gobierno nacional de retomar el control sobre la empresa nacional de petróleo, nuestra querida YPF”. Bajo la misma bandera se ubicó la Central de Trabajadores Argentinos de Hugo Yasky.

En cambio, para el sector financiero, histórico detractor de la presencia del Estado en la economía, la medida resultó un baldazo de agua fría. En medio de un panorama de franco retroceso, la Bolsa de Comercio de Buenos Aires decidió suspender ayer la cotización de las acciones de YPF, mientras que en Wall Street los papeles de la empresa llegaron a caer hasta un 20%, y cuando se suspendió la cotización cerraron un 11% abajo. Las calificadoras de riesgo arremetieron contra la decisión argentina, e incluso Fith Ibca le bajo el rating a la deuda de YPF.

Sin embargo, el gobierno español fue el que más se horrorizó con la decisión soberana de la Argentina. En una conferencia de prensa donde primaron las caras agrestes, los funcionarios de Mariano Rajoy condenaron la decisión “arbitraria” de las autoridades argentinas y anunciaron que adoptarán medidas “claras y contundentes” en defensa de los intereses de Repsol y de todas las empresas españolas en el exterior. El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel García Margallo, amenazó con aplicar represalias a nuestro país. “Quiebra el clima de confianza necesario para atraer las inversiones. Es una pésima decisión para España, para la Argentina, y una malísima noticia para la seguridad jurídica que debe regir en los negocios”, disparó enojado. Al ser consultado sobre la posibilidad de llamar al embajador a consultas, el canciller respondió: “Este gobierno no suele tomar decisiones en reuniones de urgencia”, y se mostró escandalizado porque los directivos de Repsol hayan sido desalojados manu militari del lugar”. Para la dirección de  Repsol, la decisión de expropiar YPF es “manifiestamente ilícita y gravemente discriminatoria”. La empresa también anunció que llevará a cabo todas las acciones legales que considere  “oportunas”.

En un comunicado, Repsol añade que se reserva todos los derechos y acciones “conforme al Derecho argentino, la normativa de valores de los mercados en que YPF cotiza y el derecho internacional, incluyendo el Tratado de Protección de Inversiones Argentina-España”.