Apenas un reto de Laura Alonso a Triaca por el escándalo con su empleada

CAPITAL FEDERALEl organismo que conduce Laura Alonso se pronunció por el caso de Sandra, la ex empleada del ministro de Trabajo, designada en la intervención del SOMU. Le reprochó a Triaca que “debió actuar en forma prudente y no consentir la contratación” y le aconsejó evitar decisiones que “pongan en riesgo la imagen de la función pública”.

La Oficina Anticorrupción dio por cerrado el escándalo del ministro de Trabajo Jorge Triaca y su empleada Sandra con una resolución que se limita a reprocharle al funcionario haber consentido su contratación en la intervención del Sindicato de Obreros Marítimos Unidos (SOMU). El organismo que conduce la militante macrista Laura Alonso encomendó a Triaca que en el futuro evite “adoptar decisiones que pongan en riesgo la imagen que debe tener la sociedad respecto de sus servidores”.

El escándalo del ministro estalló cuando se conocieron mensajes de audio que le envió a su ex casera Sandra Heredia, en los que la insultaba. “Sandra, no vengas ¿eh? No vengas porque te voy a mandar a la concha de tu madre ¡Sos una pelotuda!”, le dijo porque la mujer se retrasó unos minutos y no estaba a su llegada en la quinta familiar de Boulogne. Luego la empleada denunció que los Triaca la mantuvieron en la informalidad durante sus años de trabajo y que finalmente fue designada como empleada en la intervención del SOMU y luego como delegada de la filial de San Fernando.

Ante ese hecho la Oficina Anticorrupción inició una actuación de oficio que terminó con apenas un regaño para Triaca. El organismo recogió el descargo del ministro, quien repitió que Heredia fue nombrada porque buscaba “personas de confianza” en la intervención del sindicato y que no era empleada suya sino de su hermano Carlos.

“Hay seccionales o delegaciones más tranquilas y otras más conflictivas; ello implica que en algunos casos sea más sencillo contar con personal idóneo y confiable, y que en otros casos se complique más encontrar personal que esté dispuesto a afrontar los riesgos de atender una intervención de estas características”, justificó Triaca a la OA. Añadió que el interventor Alberto Bertonasco conoció a Heredia en su casa quinta y “entendió que reunía las condiciones de idoneidad y confiabilidad necesarias para desarrollar tareas en una delegación que presentaba rasgos y situaciones de hostilidad que requerían condiciones especiales para su abordaje”.

El titular de la cartera laboral dijo que no recibió ningún beneficio por ese nombramiento y que “no se infringió ninguna norma ni reglamentación vigente como resultado de esta contratación” a pesar de reconocer que “las charlas primarias que generaron la contratación se dieron en la propiedad familiar señalada” sin su intervención ni conocimiento.

Para la OA, Triaca “no pudo desconocer” que a Heredia se le ofreció ocupar un empleo en un área fuertemente vinculada a su jurisdicción por lo que “no debió consentir la referida contratación”. “Su relación laboral con el hermano del Sr. Triaca y la circunstancia de que sea ésta la persona que prestaba servicios los fines de semana al Ministro y a su familia, podría generar legítimas dudas respecto de los motivos que fundaron la vinculación de empleo con el SOMU así como la influencia del funcionario sobre su contratación”, remarca el organismo.

A pesar de ese análisis y de señalarle a Triaca que debe los funcionarios deben “actuar con rectitud, integridad e independencia de criterio” y “proyectar una imagen de cumplimiento de dicho comportamiento”, la Oficina Anticorrupción se limita en sus conclusiones a dar un reproche al ministro. Alonso aclaró que el organismo no tiene «atribuciones legales» para sancionar a los funcionarios y que sus dictámenes «buscan generar estándares de conducta ética».

Laura Alonso

@lauritalonso

La Oficina Anticorrupción no tiene atribuciones legales para sancionar a funcionarios políticos y en el caso de empleados puede solicitar el inicio de un sumario administrativo.

La OA resolvió “hacer saber” al ministro de Trabajo “que debió actuar en forma prudente y no consentir la contratación de la Sra. Sandra Heredia en el Sindicato de Obreros Marítimos Unidos” y  que “en lo sucesivo, deberá evitar la adopción de decisiones que pongan en riesgo la imagen que debe tener la sociedad respecto de la función pública, generando dudas sobre su integridad o la de su jurisdicción”.

 

 

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